Habitación del sótano en la que vivían hacinadas las mujeres, con un baño sin ducha.
Resumido del artículo publicado en El País.
En un chalé situado en una zona acomodada de Madrid, en el barrio de Arturo Soria, la Policía Nacional desmanteló una red de explotación sexual que durante más de una década sometió a mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad. Tras una fachada aparentemente normal, se escondía una estructura perfectamente organizada dedicada a la prostitución forzada, en la que las víctimas eran sometidas a un control constante y a humillaciones sistemáticas.
Las mujeres, en su mayoría de origen latinoamericano, vivían hacinadas en un sótano insalubre, sin condiciones mínimas de higiene ni seguridad. Compartían un baño precario sin ducha y apenas contaban con ventilación, lo que suponía un grave riesgo para sus vidas. El contraste con las plantas superiores, destinadas a recibir a los clientes en un entorno cuidado y limpio, evidenciaba la desigualdad extrema entre quienes explotaban el negocio y quienes lo sufrían.
Una de las formas más degradantes de control era una alarma que sonaba para obligarlas a interrumpir cualquier actividad —dormir, comer o asearse— y salir a exhibirse ante los clientes. Este “paseíllo” constituía una humillación constante, reforzada por amenazas de sanciones económicas o castigos si se negaban a obedecer. Las mujeres carecían de libertad de movimiento, ya que sus documentos habían sido retenidos por las encargadas, y muchas no podían abandonar el inmueble en ningún momento.
Además, eran obligadas a mantener relaciones sexuales incluso con menores de edad, una situación especialmente traumática. Aunque algunas intentaban resistirse, sufrían represalias por parte de las responsables del prostíbulo. También se les imponían tareas de limpieza, aumentando su carga de explotación.
La red estaba dirigida por un matrimonio —una mujer colombiana y un hombre ecuatoriano—, junto a cinco encargadas que gestionaban el funcionamiento diario del negocio: control de clientes, cobros, publicidad en internet y suministro de drogas. El volumen económico era elevado, alcanzando aproximadamente un millón de euros anuales.
Los dos cabecillas de la organización están en prisión. Están acusados de organización criminal, prostitución, contra la salud pública y corrupción de menores. Todas las mujeres prostituidas eran de origen latinoamericano. Dos de ellas son ahora testigos protegidos.