La intervención policial en Móstoles (Madrid) ha permitido la liberación de 18 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, evidenciando una situación extrema de vulneración de derechos humanos. Las víctimas, en situación de especial fragilidad económica y personal, fueron captadas y sometidas a un sistema de control constante que anulaba completamente su libertad. Vivían hacinadas en el sótano de un chalé utilizado como prostíbulo, durmiendo en literas con escaso espacio, compartiendo un único baño y bajo condiciones insalubres. Además, estaban vigiladas y grabadas de forma permanente, incluso en momentos de intimidad, y obligadas a mantener la luz encendida durante la noche, lo que agravaba su situación de estrés y falta de descanso.
Las mujeres no podían rechazar clientes ni decidir sobre los servicios que prestaban, estando disponibles las 24 horas del día. Solo podían salir del inmueble con autorización y durante un tiempo limitado. A esto se sumaba la obligación de entregar la mitad de sus ingresos, así como la imposición de sanciones económicas, amenazas e insultos en caso de incumplimiento de las normas. La red también fomentaba el consumo de drogas, como cocaína, generando dependencia y aumentando las deudas de las víctimas, lo que reforzaba su sometimiento.
Los victimarios eran siete personas, principalmente mujeres de nacionalidad española, que dirigían la organización criminal. Las cabecillas controlaban todos los aspectos de la explotación, desde la captación hasta la gestión de los beneficios. Contaban además con la colaboración de dos hombres encargados de editar imágenes de las víctimas para publicarlas en páginas web de contactos. La red había creado un entramado empresarial con al menos cuatro sociedades para encubrir su actividad ilícita.
El papel de la Policía Nacional ha sido fundamental. La investigación se inició tras la denuncia de una víctima atendida en un hospital, lo que permitió activar el operativo policial. Tras meses de investigación, se realizó un registro en el inmueble, se detuvo a los responsables y se intervinieron dinero, drogas y material probatorio. La actuación culminó con la liberación de las víctimas, varias de las cuales están siendo atendidas por organizaciones especializadas, destacando la importancia de la denuncia y la colaboración social para combatir este delito.