La Policía Nacional desarticula un grupo criminal que explotaba laboralmente a trabajadores del campo

Artículo publicado originalmente en estrelladigital.es

    Trata de seres humanos con fines de explotación laboral en una finca agrícola de Caspe (Zaragoza)

    La Policía Nacional desarticuló en Caspe (Zaragoza) una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de trabajadores extranjeros. La operación permitió liberar a siete jornaleros, detener a cuatro presuntos integrantes de la red e identificar a otros 91 trabajadores rumanos que se encontraban alojados en condiciones precarias en la explotación agrícola.

    La organización captaba a sus víctimas en Rumanía mediante anuncios publicados en internet en los que ofrecía empleos agrícolas en España con condiciones aparentemente atractivas. Prometía salarios de 9,50 euros por hora, transporte gratuito y alojamiento incluido. Los trabajadores interesados firmaban un precontrato del que únicamente podían leer la primera página, mientras que el resto de las condiciones se les comunicaban verbalmente, ocultándoles las verdaderas circunstancias laborales.

    Una vez captados, los tratantes organizaban su traslado en autobús desde distintos puntos de Rumanía hasta España, en viajes que duraban aproximadamente tres días. Sin embargo, al llegar a Caspe descubrían que las condiciones prometidas no se cumplían. Aunque el transporte supuestamente era gratuito, se les obligaba a trabajar dos jornadas sin cobrar para saldar el coste del desplazamiento. Asimismo, el alojamiento, que inicialmente se había ofrecido sin coste, suponía un pago de dos euros diarios por utilizar servicios básicos como la cocina, el agua potable y el agua caliente.

    Los trabajadores eran sometidos a jornadas de diez horas diarias, de lunes a sábado, y residían hacinados en casetas prefabricadas con capacidad para unas diez personas, en condiciones precarias. La organización aprovechaba su desconocimiento del país y su dependencia del empleo y del alojamiento para mantenerlos bajo su control. Dos trabajadores llegaron a comunicar a sus familiares que estaban retenidos contra su voluntad y que necesitaban ayuda para abandonar la finca.

    La investigación comenzó precisamente tras la petición de auxilio de estas dos víctimas, trasladada por la Policía rumana a las autoridades españolas. La intervención permitió liberar inicialmente a ambos trabajadores y, posteriormente, desplegar un dispositivo policial en la explotación, donde fueron liberadas siete personas y detenidos cuatro presuntos responsables. La investigación continúa para determinar el alcance de la explotación y la posible existencia de más víctimas.

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